Fiscalía de Artigas de 1° turno imputó tres personas por dos casos de abuso sexual

En los últimos días la Fiscalía Departamental de Artigas de 1º turno, representada por el fiscal Hermes Antúnez y las fiscales adscriptas Teresita Vernengo y Fiorella Marzano, imputó a tres personas por dos casos de abuso sexual.

Por uno de los casos, solicitó la formalización de la investigación respecto de J.A.R.A. como presunto autor de un delito de abuso sexual especialmente agravado y agravado por la condición de ascendente del imputado (por ser el padre de la víctima), y por ser la víctima menor de 18 años en régimen de reiteración real con un delito de desacato agravado.

La madre de la víctima denunció que su hija de 11 años fue víctima de abuso sexual por parte de su padre, el Sr. J.A.R.A. En efecto, manifestó que cuando debía viajar a Montevideo con su hijo para ser atendido, la víctima permanecía sola con su padre en su hogar.

Expresó la denunciante que la víctima le relató la situación de abuso sufrida y que el imputado la amenazaba con que iba a matar a su hermano si lo contaba.

A raíz de lo denunciado, la niña ingresó a su prestador de salud, donde se aplicó protocolo para casos de abuso sexual. En dicha institución fue atendida por equipo multidisciplinario.

La fiscalía cuenta entre otras evidencias, con una pericia médico forense y un informe del equipo de ASSE y Escuelas Disfrutables (PED-CEIP) del que surge la existencia de indicadores altamente específicos compatibles con la situación denunciada.

Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva de J.A.R.A. por el plazo de 180 días, mientras la fiscalía continúa con la investigación.

En otro caso, solicitó la formalización de la investigación respecto de R.Q.A. como presunto autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado en reiteración real con un delito de desacato agravado por la elevación jerárquica del funcionario ofendido, de acuerdo a los arts. 1 a 3, 18, 54, 60 numeral 1, 172 numeral 5, 173, 174 y 272 TER del Código Penal; y de S.L.C.B. como presunta autora responsable de reiterados delitos de delitos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravada por ser la víctima mujer, siéndole aplicable además los artículos 1 a 3, 18, 54, 60 numeral 1, 279 BIS y 321 BIS del Código Penal.

Ambos imputados son pareja y convivían al momento de los hechos con dos hijos de S.L.C.B. y el hermano de ésta.

Un pariente cercano de los niños, al constatar vulnerabilidades en ellos, los invitó a la casa de su hermana. Una vez allí, la niña va al baño acompañada por otra familiar. Notando ciertas dificultades, ésta le pregunta acerca de las lesiones en su zona íntima, ante lo cual la niña relata la situación de abuso de la que era víctima cuando su mamá salía a trabajar y los dejaba a ella y su hermano con Q., además de relatar condiciones de precariedad en los cuidados, higiene y vivienda.

Es en ese momento que deciden llevar a la víctima a su prestador de salud donde es atendida por equipo multidisciplinario. El equipo técnico concluye en su informe: “situación de extrema vulnerabilidad que data de varios años. Indicador altamente específico Abuso sexual hacia la niña, mediante relato de la misma”. Las lesiones fueron constatadas por el médico de la emergencia del prestador de salud y por la pericia forense realizada.

La fiscalía cuenta con el relato de una persona que convivió varios años con los imputados y presenció múltiples situaciones de violencia respecto a los niños por parte de la madre, tanto violencia física y psicológica (al igual que lo releva SIPIAV en un informe presentado a la fiscalía). Surge del relato del testigo que las condiciones de higiene y aseo de los niños es muy mala, el hogar siempre está sucio, sin las condiciones de habitabilidad adecuadas para un niño. A esto se agrega que en reiteradas oportunidades tuvo que llevar a la niña al Hospital porque esta le decía que le dolía la panza y señalaba la zona baja del abdomen y los genitales. Además se agrega que la madre ejerce violencia doméstica hacia sus hijos y que entre la madre y Q. se dan situaciones de violencia doméstica.

Por otra parte, testigos señalan que los adultos que conviven con los niños, consumen frecuentemente estupefacientes varios en presencia de estos y permiten el ingreso de adultos extraños al domicilio, aumentando esto el grado de vulnerabilidad de dichos niños.

Ante lo denunciado, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de Tercer Turno, dispuso medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación de Q. respecto de los menores de autos. Luego de ser notificada la medida cautelar, el imputado se presentó en el prestador de salud, por lo cual, los funcionarios de dicha institución alertaron de tal situación a la UEVG, quienes enteraron a Fiscalía de dicho incumplimiento.

Se dispuso la prisión preventiva por 120 días para R.Q.A. y arresto domiciliario para S.L.C.B. excepto en el horario comprendido entre las 14:00 y las 18:00 horas, que podrá ejercer su labor.

Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación para su versión pública.


GLOSARIO DE TÉRMINOS

Formalización:

Es la comunicación que hace la Fiscalía que de su investigación surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva) y de quien sería el autor (imputado) y buscará que se lo declare como tal en el juicio respectivo. Esta comunicación se da bajo ciertas condiciones, es decir, en presencia del Juez y estando la persona imputada acompañada y asesorada por un abogado, esto se da en la llamada “audiencia de formalización”. Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral.

Audiencia de Formalización:

Es la instancia que se da ante el Juez donde el Fiscal comunica los hechos y el posible delito por el cual se investiga a la persona que es imputada. Si hay motivos para entender que podrá, fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad el Fiscal podrá solicitarle al Juez que adopte determinadas medidas cautelares. Las mismas pueden ir desde fijar un domicilio determinado, someterse a vigilancia, no concurrir a determinados sitios, entre otras medidas y en última instancia la prisión preventiva.

Prisión Preventiva:

Cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes y se entienda que el imputado puede fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad, el Fiscal podrá pedirle al Juez que decrete la prisión preventiva del imputado, quien deberá esperar el juicio en prisión. Esta decisión no refiere directamente a su culpabilidad (lo que será resuelto en el juicio) sino en la posibilidad que de alguna manera realice actos que afecten el normal desarrollo del juicio.

Juicio Abreviado:

Una vez formalizada la investigación por parte de la Fiscalía, puede darse un acuerdo con el imputado y su defensa, para que el juicio se realice mediante esta forma, donde el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa. Se trata de una decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo al tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el Fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral. El imputado se ve favorecido porque ve reducida su pena y el Fiscal porque asegura una condena al imputado. En audiencia el juez escuchará a las partes, se asegurará que el imputado prestó su consentimiento, en forma libre, voluntaria y debidamente asistido y asesorado por su abogado de los alcances del acuerdo. En ese mismo acto, el juez dictará sentencia y el imputado comenzará a cumplir la condena.

Imputado:

Es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Esta calidad jurídica puede atribuirse desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.

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