Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno obtuvo la condena de un hombre por abuso sexual, entre otros delitos

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, a cargo de la fiscal Darviña Viera y representada por las fiscales adscriptas Nicole Lebel y Giuliana Realini, logró la condena de H.A.A.C., de 78 años de edad, como autor penalmente responsable de un delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual específicamente agravados y reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal, todos en régimen de reiteración real a la pena de siete años de penitenciaría con descuento de la medida cautelar cumplida.

En octubre de 2019, un prestador de salud radicó una denuncia a través de su representante, luego de recibir una llamada realizada por el hoy imputado, donde se escuchó una conversación de éste con una persona con voz de niña, conversación que hizo sospechar la ocurrencia de una situación de abuso sexual. Al ser consultado por la operadora, el imputado respondió que era su nieta.

Una vez iniciada la investigación, se identificó que con el imputado convivía su bisnieta, una niña de 8 años de edad. Se hizo la derivación al equipo multidisciplinario de su prestador de salud, donde fue internada durante un mes, y se recabó el relato acerca de los abusos sufridos, que el bisabuelo le sacaba fotos y que la amenazaba con echarla de la casa. El padre de la niña declaró en sede de la fiscalía que cuando la niña tenía 4 años relató una situación de abuso por parte de su bisabuelo, pero que en aquel momento no realizó la denuncia.

En todas las ocasiones en que la niña debió entrevistarse con técnicos, su relato fue espontáneo y sostenido, recibido en entrevistas abiertas. Los técnicos intervinientes coinciden en que la internación tuvo un efecto liberador para la víctima.

La Fiscalía se valió de la siguiente prueba en juicio, entre otras: pericia forense, psicológica e historia clínica de la víctima (donde la niña realiza un relato espontáneo de abuso y se identifica sintomatología coincidente con los hechos investigados y el daño ocasionado por la situación sufrida), declaración del padre de la víctima, declaración del psicólogo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía (quien expuso sobre la afectación de la niña y la no conveniencia de que declare en juicio evitando así la revictimización, lo que fue corroborado por los peritos actuantes), declaración del denunciante en representación del prestador de salud y de la operadora telefónica, grabación de la llamada telefónica y pericia psiquiátrica del imputado.

Respecto de la calificación jurídica, la jueza interviniente expresó que “el hecho anterior a la ley de Violencia de Género corresponde calificarlo como atentado violento al pudor, y los posteriores como abuso sexual, ya que el delito de atentado violento al pudor no ha quedado derogado, no ha sido la voluntad legislativa”. Se expresa además que “la intervención en juicio de todos los peritos presentando sus informes el forma fundada brindó la posibilidad de analizar en forma adecuada los hechos y la declaración de la víctima realizada a los peritos idóneos en la materia evitando de esta manera su revictimización.”

Se relevó como atenuante genérica, la primariedad absoluta (art. 46 numeral 13 del Código Penal); como agravante genérica el abuso de las relaciones domésticas (art. 47 numeral 14 del Código Penal) respecto del delito de atentado violento al pudor; y como agravantes específicas la condición del imputado de ascendiente de la víctima (art. 279 lit. A), que la víctima sea menor de 18 años de edad (art. 279 lit. C), el grave daño a la salud física o mental de la víctima (art. 279 lit. D) y la continuidad en el tiempo de la conducta abusiva respecto de la misma persona (art. 279 lit. I).

Se dispuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia y el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por el plazo de diez años; y la condena accesoria de reparar patrimonialmente a la víctima, con la suma de doce salarios mínimos nacionales.

Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación para difusión pública.


GLOSARIO DE TÉRMINOS

Formalización:

Es la comunicación que hace la Fiscalía que de su investigación surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva) y de quien sería el autor (imputado) y buscará que se lo declare como tal en el juicio respectivo. Esta comunicación se da bajo ciertas condiciones, es decir, en presencia del Juez y estando la persona imputada acompañada y asesorada por un abogado, esto se da en la llamada “audiencia de formalización”. Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral.

Audiencia de Formalización:

Es la instancia que se da ante el Juez donde el Fiscal comunica los hechos y el posible delito por el cual se investiga a la persona que es imputada. Si hay motivos para entender que podrá, fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad el Fiscal podrá solicitarle al Juez que adopte determinadas medidas cautelares. Las mismas pueden ir desde fijar un domicilio determinado, someterse a vigilancia, no concurrir a determinados sitios, entre otras medidas y en última instancia la prisión preventiva.

Prisión Preventiva:

Cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes y se entienda que el imputado puede fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad, el Fiscal podrá pedirle al Juez que decrete la prisión preventiva del imputado, quien deberá esperar el juicio en prisión. Esta decisión no refiere directamente a su culpabilidad (lo que será resuelto en el juicio) sino en la posibilidad que de alguna manera realice actos que afecten el normal desarrollo del juicio.

Juicio Abreviado:

Una vez formalizada la investigación por parte de la Fiscalía, puede darse un acuerdo con el imputado y su defensa, para que el juicio se realice mediante esta forma, donde el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa. Se trata de una decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo al tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el Fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral. El imputado se ve favorecido porque ve reducida su pena y el Fiscal porque asegura una condena al imputado. En audiencia el juez escuchará a las partes, se asegurará que el imputado prestó su consentimiento, en forma libre, voluntaria y debidamente asistido y asesorado por su abogado de los alcances del acuerdo. En ese mismo acto, el juez dictará sentencia y el imputado comenzará a cumplir la condena.

Imputado:

Es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Esta calidad jurídica puede atribuirse desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.

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