Fiscalía de Artigas de 2° turno logró la condena de un hombre por pornografía con imágenes de menores de edad, entre otros delitos

La Fiscalía Letrada Departamental de Artigas de 2° turno, representada por las fiscales adscriptas Ana Inés Iriarte y Fiorella Marzano, logró la condena mediante proceso abreviado de R.R.D.S.V. como autor penalmente responsable de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo (artículo 4 de la Ley 17.815), en régimen de reiteración real con reiterados delitos de almacenamiento de material pornográfico en donde aparece la imagen de personas menores de edad (artículo 2 de la Ley 17.815), a la pena de cinco años de penitenciaría, a cumplirse de la siguiente manera: cuatro años de prisión efectiva y un año bajo el régimen de libertad vigilada (residencia en un lugar determinado, presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado, prohibición de acercamiento y/o comunicación de cualquier forma y por cualquier medio respecto de las víctimas por el plazo establecido).

El imputado manifestó su conformidad y acceso en forma voluntaria a la aplicación del proceso abreviado, aceptando los hechos relacionados por la Fiscalía, los antecedentes de la investigación y la pena solicitada, la que deberá ser cumplida en forma íntegra.

En abril del presente año, se presentó denuncia contra el imputado por parte de la madre de la víctima, debido a que su hijo de 14 años recibió un mensaje a su cuenta de Facebook de un perfil utilizado por el imputado.

De los mensajes surgen propuestas de índole sexual por parte del imputado. Además, el mismo perfil de Facebook, tiempo atrás se había intentado comunicar con su otro hijo, también de 14 años.

El indagado hizo entrega voluntariamente de su teléfono celular a los agentes policiales, el cual fue periciado, surgiendo múltiples conversaciones del mismo con varones menores de edad con el fin de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Además, pedía a los adolescentes que le envíen fotografías de contenido íntimo y les ofrecía la posibilidad de encontrarse en diferentes lugares a cambio de dinero o de otros elementos como alcohol.

Del relato de los adolescentes emerge la clara intención del imputado de vincularse con los mismos para satisfacer sus deseos sexuales a cambio de una retribución económica. Muchos de los hechos relatados datan de varios años atrás.

La Fiscalía contó con las siguientes evidencias en la carpeta investigativa: declaraciones de los adolescentes víctimas del imputado, pericia del celular del imputado, informe de INAU respecto de uno de los adolescentes.

Se dispuso además, la suspensión del imputado en el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo de 10 años.

Nota: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación para su versión pública.


GLOSARIO DE TÉRMINOS

Formalización:

Es la comunicación que hace la Fiscalía que de su investigación surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva) y de quien sería el autor (imputado) y buscará que se lo declare como tal en el juicio respectivo. Esta comunicación se da bajo ciertas condiciones, es decir, en presencia del Juez y estando la persona imputada acompañada y asesorada por un abogado, esto se da en la llamada “audiencia de formalización”. Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral.

Audiencia de Formalización:

Es la instancia que se da ante el Juez donde el Fiscal comunica los hechos y el posible delito por el cual se investiga a la persona que es imputada. Si hay motivos para entender que podrá, fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad el Fiscal podrá solicitarle al Juez que adopte determinadas medidas cautelares. Las mismas pueden ir desde fijar un domicilio determinado, someterse a vigilancia, no concurrir a determinados sitios, entre otras medidas y en última instancia la prisión preventiva.

Prisión Preventiva:

Cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes y se entienda que el imputado puede fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad, el Fiscal podrá pedirle al Juez que decrete la prisión preventiva del imputado, quien deberá esperar el juicio en prisión. Esta decisión no refiere directamente a su culpabilidad (lo que será resuelto en el juicio) sino en la posibilidad que de alguna manera realice actos que afecten el normal desarrollo del juicio.

Juicio Abreviado:

Una vez formalizada la investigación por parte de la Fiscalía, puede darse un acuerdo con el imputado y su defensa, para que el juicio se realice mediante esta forma, donde el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa. Se trata de una decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo al tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el Fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral. El imputado se ve favorecido porque ve reducida su pena y el Fiscal porque asegura una condena al imputado. En audiencia el juez escuchará a las partes, se asegurará que el imputado prestó su consentimiento, en forma libre, voluntaria y debidamente asistido y asesorado por su abogado de los alcances del acuerdo. En ese mismo acto, el juez dictará sentencia y el imputado comenzará a cumplir la condena.

Imputado:

Es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Esta calidad jurídica puede atribuirse desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.

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