Fiscalía de San José de 1° turno obtuvo la condena en segunda instancia de un hombre por atentado violento al pudor

La Fiscalía Departamental de San José de 1º turno, a cargo del fiscal Alfredo Ruiz -acompañado por la fiscal adscripta Verónica Casaravilla-, obtuvo la condena en segunda instancia de J.R.Z.C. como autor penalmente responsable de un delito de atentado violento al pudor a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida. Se declaró además, la pérdida de la Patria Potestad del encausado sobre la víctima.

La denuncia fue realizada por la madre del niño, luego que este le contara a su abuela materna, en primer lugar a partir de una nota y luego en forma verbal, que era víctima de abuso sexual por parte de su padre, el ahora imputado cuando realizaba las visitas al domicilio del mismo durante 2016 y principios del 2017 (cuando el niño tenía 8 y 9 años de edad). La madre y abuela del niño habían notado un cambio en su conducta.

La Fiscalía se valió en el juicio de la siguiente prueba: declaración del niño en carácter de prueba anticipada, declaración de la madre y abuela del niño, declaración de la psicóloga tratante del niño, pericia psicológica del niño y declaración de la psicóloga de Unidad de Víctimas de la FGN en el marco de la estrategia de acompañamiento psicosocial. Las psicólogas tratante y periciante declararon que se trataba de un discurso espontáneo, no influenciado ni inducido por terceros.

En primera instancia se absolvió al imputado pero la Fiscalía apeló la sentencia alegando que no se había realizado una correcta valoración de las pruebas incorporadas en el juicio.

El Tribunal de Segunda Instancia señaló: “En la mayoría de los delitos de índole sexual se enfrentan una declaración inculpatoria y una cerrada negativa del imputado. Ello, desde larga data, ha llevado a prestigiosa doctrina y jurisprudencia a concluir que en esta clase de delitos no habrá en general más prueba de cargo que la indicial la que aún ha de ser apreciada con amplitud, desde que exigir otra probanza significaría la impunidad en la mayoría de los casos. Esta situación se vuelve más compleja cuando tales hechos se generan en el seno de una familia que, como ahora, tienen como protagonistas a un padre y a su hijo, en donde el menor visitaba a su padre y quedaba bajo los cuidados del mismo. Ahora bien, la amplitud en la apreciación no significa en modo alguno discrecionalidad del juzgador; por el contrario; los indicios deber ser serios, ciertos, y corresponderse entre sí de tal forma que, de su suma, de su valoración, se supere la mera presunción y a través del examen crítico, adicionado a la restante prueba allegada a la causa, se arribe a un juicio de certeza...

Concluye que: “...en opinión del Tribunal los medios probatorios (…) y demás indicios de oportunidad, convergen en la certeza del accionar antijurídico del agente, habilitando un pronunciamiento de condena.”

Nota: Este texto fue redactado para su difusión pública por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.


GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Formalización:

Es la comunicación que hace la Fiscalía que de su investigación surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva) y de quien sería el autor (imputado) y buscará que se lo declare como tal en el juicio respectivo. Esta comunicación se da bajo ciertas condiciones, es decir, en presencia del Juez y estando la persona imputada acompañada y asesorada por un abogado, esto se da en la llamada “audiencia de formalización”. Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral.

Audiencia de Formalización:

Es la instancia que se da ante el Juez donde el Fiscal comunica los hechos y el posible delito por el cual se investiga a la persona que es imputada. Si hay motivos para entender que podrá, fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad el Fiscal podrá solicitarle al Juez que adopte determinadas medidas cautelares. Las mismas pueden ir desde fijar un domicilio determinado, someterse a vigilancia, no concurrir a determinados sitios, entre otras medidas y en última instancia la prisión preventiva.

Prisión Preventiva:

Cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes y se entienda que el imputado puede fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad, el Fiscal podrá pedirle al Juez que decrete la prisión preventiva del imputado, quien deberá esperar el juicio en prisión. Esta decisión no refiere directamente a su culpabilidad (lo que será resuelto en el juicio) sino en la posibilidad que de alguna manera realice actos que afecten el normal desarrollo del juicio.

Juicio Abreviado:

Una vez formalizada la investigación por parte de la Fiscalía, puede darse un acuerdo con el imputado y su defensa, para que el juicio se realice mediante esta forma, donde el tiempo y los pasos en la tramitación se simplifican de forma significativa. Se trata de una decisión estratégica del fiscal y la defensa frente al caso, donde de acuerdo al tipo de delito y los antecedentes que se tienen, el imputado acepta los hechos y el contenido de la investigación y en consecuencia, el Fiscal puede disminuir hasta en una tercera parte la pena que habría solicitado en un juicio oral. El imputado se ve favorecido porque ve reducida su pena y el Fiscal porque asegura una condena al imputado. En audiencia el juez escuchará a las partes, se asegurará que el imputado prestó su consentimiento, en forma libre, voluntaria y debidamente asistido y asesorado por su abogado de los alcances del acuerdo. En ese mismo acto, el juez dictará sentencia y el imputado comenzará a cumplir la condena.

Imputado:

Es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes. Esta calidad jurídica puede atribuirse desde el inicio de la indagatoria preliminar de un hecho presuntamente delictivo o durante el desarrollo de los procedimientos y hasta que recaiga sentencia o resolución que signifique conclusión de los mismos.

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